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DEL COBRO DE CUPOS AL PARO NACIONAL: IMPACTO EN LA LIBRE INICIATIVA PRIVADA
Pino Cauper, Alisson Denisse
En los últimos años, el Perú ha enfrentado un entorno cada vez más hostil, marcado por el avance de la criminalidad y la extorsión. De acuerdo con el Observatorio del Crimen y la Violencia, tan solo en el primer trimestre de 2025, aproximadamente el 21 % de la población peruana afirmó haber sido víctima de extorsión o conocer a alguien que ha vivido esta experiencia (1) —una cifra totalmente alarmante que demuestra la magnitud y la urgencia con la que debe tratarse—.
Este fenómeno afecta directamente el ejercicio de la libre iniciativa privada, principio reconocido en el artículo 58 de la Constitución Política, que garantiza “que los privados puedan entrar en forma libre a realizar actividad económica, formando parte de la oferta en un mercado” (2). Además de permitir a los individuos participar en la economía del país, este principio es base para el desarrollo económico y social. Sin embargo, su ejercicio se ve vulnerado ante la ola de criminalidad y extorsión que se vive. En este contexto, para una MYPE, una extorsión no es solo una carga económica adicional o un obstáculo para emprender, sino también una amenaza real a su seguridad; tanto así que, en muchos casos, los emprendedores optan por abandonar sus planes de negocio por temor a las posibles consecuencias.
La situación es especialmente grave en el sector del transporte, donde cada día se registran amenazas violentas e incluso asesinatos a consecuencia de la extorsión. Debido a la falta de una respuesta efectiva del Estado, diversas empresas de transporte han decidido paralizar sus actividades. No obstante, si bien estos paros visibilizan una problemática urgente también generan un impacto económico considerable. Según la Asociación Automotriz del Perú, un paro general de un día, generaría pérdidas de más de S/ 230 millones (3), ya que, como consecuencia de la falta de transporte, la mayoría de los trabajadores no podrían acudir a sus centros de trabajo.
El Estado, en su rol de Estado fuerte —aquel que garantiza las libertades, la salud, la moral y la seguridad pública—, debe orientar y promover el desarrollo económico ofreciendo medidas adecuadas ante situaciones que limiten u obstaculicen el mismo. Sin embargo, su respuesta frente a la extorsión ha sido insuficiente. La falta de políticas públicas claras, la escasa presencia del Estado y la deficiente aplicación de la ley agravan la situación, dejando a las MYPEs —y en general, a los ciudadanos— en una completa indefensión. De tal forma, resulta necesario consolidar un verdadero Estado fuerte que actúe con firmeza y garantice de manera sólida los derechos de los ciudadanos.
REFERENCIAS
(1) Observatorio del Crimen y la Violencia. 2025. https://cutt.ly/LrdDyUZ4
(2) Velarde, L. 2021. Entendiendo los conceptos constitucionales de Libre Iniciativa Privada y Economía Social de Mercado. Ius et Praxis, Revista de la Facultad de Derecho n° 52, p. 154.
(3) Asociación Automotriz del Perú. 2024. “Paro de transportistas en Lima podría costar hasta S/ 230 millones diarios a la economía”. https://cutt.ly/QrdDdKB4
